lunes, 27 de marzo de 2017

Salta: Evitaron el paso de máquinas topadoras por territorio Lule

CONFLICTOS TERRITORIALES
Los integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas decidieron frenar ayer el paso de tres máquinas que ingresaron a desmontar en el territorio que reclaman como ancestral haciendo el desmonte de una presunta senda.

Una mujer decidió sentarse en la pala de una topadora para detener su paso por el territorio Lule.

Así lo indicó uno de los voceros de la comunidad, David Torres, al indicar que las acciones fueron realizadas por el empresario Carlos Bellini, quien también tiene parte de sus tierras en la zona, aunque a 100 metros de los catastros que la comunidad reclama como territorio.

Los problemas con Bellini se arrastran desde 2014, cuando este quiso disponer una casilla de madera en las tierras de los Lules. En aquel momento se logró una medida de no innovar que prohibía a Bellini y a los Lules a generar acto posesorio alguno.

Ayer cerca del mediodía los problemas resurgieron cuando el empresario, que tiene un loteo en las tierras que le pertenecen, dispuso dos retroexcavadoras y una pala para “voltear el monte”, dijo Torres.

El vocero Lule indicó que se hicieron las consultas a la Secretaría de Ambiente, en donde se le negó haber autorizado el paso de las máquinas por el lugar, aunque sí dijeron que Bellini estaba autorizado a realizar ese tipo de apertura de senda, pero en otra parte del terreno.

En principio, los Lules entendieron que Bellini quiere una salida de su loteo por las tierras de ellos, pese a que tiene la salida de su propiedad que colinda con villa Santa Rita.

Denuncian amenazas

Ayer el presidente de la comunidad, Mario Tolaba, se encontraba en la Comisaría 104 del barrio Palermo realizando las denuncias por presunta usurpación y amenazas en contra de Bellini. En la denuncia sumaron la presunta desobediencia judicial, dado que entienden que la orden de no innovar dictada desde el Juzgado Penal 1 sigue vigente. 

Mientras, la comunidad seguía en asamblea permanente para evitar el avance de las máquinas, cuyo paso fue primero evitado por María Saravia, la secretaria de actas de la comunidad.


Fuente: Nuevo Diario

jueves, 23 de marzo de 2017

¡GENOCIDIO ORIGINARIO NUNCA MÁS!

“Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio”.
Los Pueblos Originarios como protagonistas de nuestra lucha, historia y proyección como Pueblos Libres no dejaremos nunca más en manos ajenas las decisiones sobre nuestras vidas y territorios.
En el día de invocar a la memoria colectiva, las organizaciones territoriales de Pueblos Originarios levantamos las banderas históricas de emancipación continental que defendieron nuestros héroes y mártires Kallchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, del mismo modo lo hicieran los héroes revolucionarios de mayo como Miranda, Belgrano, Güemes, Artigas, Castelli, Moreno, Juana Azurduy, Sucre, Bolivar, O´Higgins, y quienes reconocemos como hermanos indígenas y afrodescendientes, San Martín, Dorrego y Monteagudo. Todos ellos abrazaron el ideal de la libertad, la igualdad y la reparación histórica, dando su vida por nuestra Patria Grande Libre y Soberana.

Hoy más que nunca resulta fundamental profundizar en la revisión de la “historia oficial” con el fin de aclarar, condenar y reparar los actos que, en el marco de la conformación del Estado Argentino, atentaron y atentan contra los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.

El avance sobre nuestros territorios en la segunda mitad del siglo XIX y las campañas de exterminio y dominación contra los pueblos originarios llevadas a cabo por el Ejército argentino al mando de Roca y Victorica, fueron realizadas con la complicidad de la Iglesia, de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento, y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz.

Estos sectores oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del Golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, saqueo, robo de bebés y de identidades; se beneficiaron con las políticas neoliberales de los ’90, y hoy se reciclan en frentes y alianzas  políticas, que asaltaron el poder engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos, que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha de nuestros pueblos.

Desde el ENOTPO denunciamos y condenamos el constante hostigamiento de las fuerzas represivas del estado nacional y los estados provinciales quienes, en una clara connivencia con un sector de la justicia, atacan nuestros territorios e intentan eliminar y desaparecer a nuestros hermanos, tal el caso de lo recientemente sucedido con la Lof Resistencia Mapuce de Cushamen y con la Comunidad Happo Pau del Pueblo Guaraní en Embarcación Salta. Todos estos hechos y actos son violatorios de los derechos fundamentales que nos asisten como Pueblos Originarios preexistentes y que el Estado debe garantizar.

Reiteramos la denuncia del estado de indefensión e inseguridad jurídica que vivimos los Pueblos Originarios en cada uno de los territorios en el país desde diciembre de 2015, ante la parálisis de las políticas públicas establecidas para los Pueblos en materia de Territorio, reconocimiento y fortalecimiento jurídico, biodiversidad, comunicación con identidad, educación intercultural, agricultura familiar, salud intercultural, desarrollo con identidad, con el agravante del cierre de los espacios propios de gestión.

Rechazamos todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos, serviles a la patronal corporativa, quienes con investigaciones falsas y marcos teóricos establecidos por la conquista hoy pretenden invisibilizarnos y desconocernos como Naciones milenarias para continuar replicando su modelo reaccionario, totalitario y oligárquico. Exigimos a los organismos del estado que tomen nota de esta constante persecución, hostigamiento, discriminación y xenofobia hacia nuestras familias y autoridades comunitarias.

Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar y por el Genocidio sufrido por nuestros Pueblos desde la conquista.

Nos declaramos movilizados en cada territorio y en estado de alerta permanente ante la constante violación de nuestros derechos territoriales.

¡EN DEFENSA DE LA VIDA, LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO!
¡DEFENDER EL TERRITORIO NO ES TERRORISMO!
¡LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

ENOTPO

















lunes, 20 de marzo de 2017

Tartagal - Salta: Denuncian al juez Mariscal Astigueta por abuso de autoridad

CONFLICTOS TERRITORIALES

El abogado Hernán Mascietti denunció penalmente al juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por haber violado un proceso de mediación penal entre dos ganaderos y miembros de las 9 comunidades originarias que disputan 6033 hectáreas en la jurisdicción de Embarcación. 

Fernando Mariscal Astigueta, juez de Tartagal denunciado por haber violado un proceso de mediación penal en una disputa por tierras.

También denunció a los ganaderos Huberto Bourlon de Rouvre y Julio Ortega Velarde, por la violación de este proceso de mediación. Según precisó el abogado en la denuncia presentada el martes último en la Comisaría 43 de Embarcación, el 30 de enero, mientras seguía la mediación en la Fiscalía Penal de Embarcación, Bourlon de Rouvre hizo instalar tres portones en el camino de uso común y le pusieron candado, cuyas llaves solo tienen él y Ortega Velarde, con lo que, de hecho, prohibieron el paso en vehículos de cuatro ruedas a los habitantes originarios.

El abogado reseñó que a eso de las 18 del 30 de enero se llevó a cabo “un operativo policial de custodia de la camioneta VW modelo Amarok, con un acoplado de cuatro ruedas que transportaba elementos de construcción y un portón de hierro que fue instalado en el territorio de la Comunidad”. Se trataba de dos portones que “fueron efectivamente instalados por personal civil al mando de Huberto Bourlón de Rouvre”. 

Un oficio

Mascietti inquirió a los policías sobre el motivo del operativo y quién estaba a cargo, y se le informó que era “el comisario José Cruz,que existía un oficio que estaban cumpliendo por el expediente 76816/16”. Sin embargo no le exhibieron el escrito, a pesar de que lo solicitó. Y Cruz le dijo estar cumpliendo órdenes del juez Mariscal Astigueta.

Por esto, Mascietti consideró que el juez puede estar incurso en los delitos de “abuso de autoridad, prevaricato, violación de deberes de funcionario público y/o usurpación” por “ejecución de un convenio de mediación penal” y “ejecución de un convenio de terceros”. Sostuvo que el magistrado “habría dictado en el expediente una orden extralegal” de ejecución de un convenio de mediación penal y de ejecución de un convenio de terceros, “lo que significaría desconocer todas las reglas del derecho”.

En cuanto a los finqueros, consideró que pueden estar incursos en los delitos de “usurpación o usurpación por turbación de la posesión”, y pidió que el fiscal interviniente “investigue quién fue o dio la orden de instalar un portón y quién lo cerró con candado y quién tiene la llave”. Del operativo fueron testigos miembros de las comunidades, entre ellos el cacique Luis Situe, Diana Situe y Evelina Veliz, y los periodistas Franco Fortunato (Radio Mágica) y Claudio Rojas (Radio Panamericana).

En la mediación penal (expediente 175/2016) el 30 de noviembre de 2016 hubo un acuerdo parcial por el que cuatro comunidades aprobaron que se instalara un portón y se cerrara el acceso en vehículos de 4 ruedas a la Loma Azul, no para vehículos de dos ruedas. Pero, advirtió Mascietti, dado que se trata de una “propiedad indivisible como la comunitaria”, el acuerdo quedó trunco porque (aunque luego otra comunidad lo firmó), cuatro comunidades mantienen hasta hoy su negativa a firmarlo.


Fuente: Nuevo Diario

Nueva Zelanda reconoce a un río como persona jurídica

La iniciativa sobre el Whanganui es pionera en el mundo. Los maoríes llevaban 160 años pidiéndolo

El río Whanganui, en Nueva Zelanda. GETTY

Nueva Zelanda ha otorgado este miércoles el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes en la Isla Norte. El Parlamento ha aprobado una ley que combina los precedentes legales en Occidente con el misticismo maorí. La iniciativa es pionera en el mundo. Los maoríes, los indígenas de Nueva Zelanda, llevaban 160 años pidiendo el reconocimiento del río como una entidad viva. 

El río, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro de la minoría whanganui iwi (maorí), ha informado el diario New Zealand Herald.

"Sé que la reacción inicial de algunos será [pensar] que es bastante extraño dar personalidad legal a un recurso natural, pero no es más extraño que una fundación familiar, una compañía u otro tipo de sociedad", ha afirmado Chris Finlayson, ministro para la Negociación de Tratados. No es la primera vez que Nueva Zelanda reconoce estatus de persona jurídica a un recurso natural, ya lo hizo en 2013 con el Parque Natural Te Urewera, en la Isla Norte. "Este acuerdo reconoce la profunda conexión espiritual entre la minoría whanganui iwi y el río ancestral", ha añadido Finlayson.

Un grupo de la minoría maorí presente en el Parlamento en Wellington ha celebrado con bailes y cantos tradicionales la aprobación de la ley, un hito histórico en el país. "Yo soy el río y el río es yo", reza un dicho maorí. A partir de ahora los derechos del Whanganui podrán ser defendidos en un tribunal como los de cualquier otra institución humana.

El acuerdo al que se ha llegado sobre el río, que transcurre parcialmente a través del parque natural Whanganui, incluye una compensación del Gobierno a la minoría whanganui iwi de 80 millones de dólares neozelandeses (52 millones de euros), así como de otros 30 millones (19 millones de euros) para mejorar la salud del río.


Fuente: El Pais

lunes, 13 de febrero de 2017

"El derecho de los Pueblos Originarios debe prevalecer por sobre los intereses del mercado y los empresarios poderosos" - CARTA DE LA Comisión Provincial por la Memoria AL GOBERNADOR, MARIO DAS NEVES -

Tras la brutal represión que sufrió la Comunidad del Lof en resistencia del departamento de Cushamen—la tercera en desde la recuperación del territorio en marzo de 2015—, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le envió una carta al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y a la Legislatura provincial expresando su preocupación por los constantes hechos de violencia que viene sufriendo el pueblo mapuche. 



El organismo exigió al gobernador el cese de la persecución y la represión y que se investigue y sancione a los responsables de los últimos hechos. Al mismo tiempo solicitó que se implementen políticas públicas efectivas que incluyan a las comunidades originarias y garanticen sus derechos. La CPM también elevó una nota al juez federal, Guido Otranto, para que se retome la mesa de diálogo. Los Estados tienen el deber, por mandato constitucional, de garantizar el derecho de los pueblos sobres sus tierras ancestrales; su sistemática violación y la persecución y permanente hostigamiento a quienes los demandan degradan la democracia.

Desde el 2015, cuando la comunidad recuperó las tierras ancestrales, que estaban bajo dominio de la Compañía de Tierras del Sud Argentino —propiedad de la familia Benetton—, sufrieron represiones, intentos de desalojo, la persecución de sus militantes y, a su vez, padecen constantemente la presencia militar sobre los accesos a la comunidad.

En la nota presentada al gobernador, la CPM sostiene que el reclamo de las tierras ancestrales que viene llevando adelante la Comunidad del Lof en Resistencia del departamento Cushamen es un reclamo legítimo, reconocido a su vez por la Constitución Nacional, por la Constitución de la provincia de Chubut y por los Tratados internacionales de Derechos Humanos, como así también por una numerosa jurisprudencia de la CIDH.

Al mismo tiempo, señala que la criminalización, estigmatización, persecución y represión sistemática de los integrantes de la comunidad mapuche, presentándolos como delincuentes, violentos y terroristas, es un modo de negar estos legítimos derechos y por tanto violan todo el marco normativo que los garantiza y protege. Como ya se ha comprobado en los últimos meses, estas medidas lejos de contribuir a resolver el conflicto, lo han profundizado, al punto de poner en serio riesgo la vida y la integridad de las personas, incluyendo a niños y niñas de la comunidad.

En la carta enviada al gobernador de Chubut el organismo resalta la necesidad imperiosa de que prevalezca la protección de la vida por sobre los intereses particulares y del mercado. Ni obstrucción de vías férreas ni el supuesto robo de ganado justifican semejante uso de la violencia por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión. 

La CPM acompaña, desde el primer momento, el reclamo de la comunidad de Cushamen y ha intervenido en más de una oportunidad visitando las tierras recuperadas, entrevistando al Lonko Facundo Jones Huala en la cárcel, y participando en audiencias de los distintos juicios que criminalizaban a la comunidad, abogando siempre por la resolución pacífica del conflicto y la protección de los derechos de los pueblos originarios. En ese marco, fue veedora de la mesa de diálogo convocada por el Juez Federal, Guido Otranto, y que reunía a las autoridades provinciales y a los miembros del lof.

Lamentablemente, el gobierno de Chubut cerró unilateralmente esta instancia de diálogo y volvió a llevar el reclamo a la instancia judicial: el desenlace fue el último de los hechos de represión que sufrió días atrás la comunidad mapuche. En este sentido, en el escrito dirigido al Juez federal, se cuestionó‎ que no se garantizara el derecho de consulta de la comunidad y que se delegue en la Gendarmería Nacional el procedimiento sin participación de autoridades judiciales, para controlar las graves violaciones de derechos humanos que se vienen reiterando en dichos actos.

La CPM ya denunció públicamente ese procedimiento y, recientemente, presentó —junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena y Equipo Nacional de Pastoral Aborigen— un escrito al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se garanticen las condiciones necesarias para que ningún hecho de violencia suceda contra la comunidad Lof Cushamen. Al mismo tiempo, planteo que es indispensable avanzar en la investigación y sanción de los responsables de la última represión.

Además de la condena de estos hechos, la CPM instó al gobernador a que asuma su responsabilidad y la voluntad política para encontrar una solución pacífica al conflicto. En sintonía con esto, le pidió al juez federal, Guido Otranto, que reinicie la mesa de diálogo convocada en su momento y garantice el derecho de consulta a los pueblos originarios.

Finalmente, se le reclamó al gobernador Mario Das Neves implementar políticas públicas efectivas que incluyan a los pueblos originarios. Ese es el camino que señalan los marcos normativos constitucionales y la única vía de consolidación de la democracia. 

El derecho a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas es un acto de justicia que, sin lugar a dudas, fortalece nuestra democracia.