La Comunidad Aborigen Las Capillas del Pueblo Ocloya viene sufriedo atropellos y amenazas por parte de Juan Jose Correa, supuesto encargado de la compañía Minera Piuquenes S.A., quien actúa impunemente en complicidad del personal policial de la seccional 23 de Palpalá, a quienes traslada en su vehículo personal, con el objeto de despojar a la Comunidad.
El 1 de septiembre de 2015 el juez de control Nº 4 Dr. Isidoro Cruz libró la orden de desalojo a dos miembros de la Comunidad Ocloya Las Capillas, Sergio Flores y María Alarcon, dando lugar a la solicitud realizada por el fiscal de investigación penal Nº 8 Dr. Alejandro Atilio Bossatti. El día 2 de septiembre el sub-comisario Ariel David Quispe, Jefe de la seccional 23 de Palpalá, ingresó con infantería en el territorio de las familias mencionadas, cortando postes con motosierras y secuestrando el alambre que protegía la vivienda, el rastrojo y el potrero de las familias.
Ante los nuevos atropellos e intentos de despojo a miembros de la comunidad Las Capillas el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CD-CAPO) se declara en alerta y asamblea, repudiando los hechos ocurridos e informa que la comunidad tiene solicitado el registro de la personería jurídica desde julio de 2014 en el registro provincial de comunidades aborígenes que funciona en la Secretaría de DD.HH. de la provincia de Jujuy, sin respuesta hasta la fecha.
Cabe destacar que dicha comunidad es miembro integrante del CD-CAPO, cuyo Territorio comunitario esta resguardado por Ley Nacional de orden público 26.160 y sus prórrogas 26.554 y 26.894. La mencionada normativa, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad” de los territorios que ocupan las Comunidades Preexistentes de los Pueblos Originarios en el país y suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los territorios de los Pueblos. La Comunidad Ocloya Las Capillas cuenta con cartografía aprobada, luego del relevamiento territorial realizado en mayo del 2015 por el organismo de aplicación, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través del equipo técnico centralizado del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI).
Una vez más la justicia provincial viola la ley nacional de orden publico 26160 y sus prorrogas 26554 y 26894, vulnerando los derechos de incidencia colectiva de los Pueblos Originarios.
ANTECEDENTES
La mencionada Comunidad, ubicada a 40 Km. de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, el 30 de noviembre de 2014 ya denunció atropellos que padecían por parte de:
Enrique Carlos Ottonello: supuesto administrador de franceses, es uno de los responsables de estos atropellos, quien a bordo de vehículo oficial de la dirección de bosques de la Secretaria de Ambiente, en la provincia se traslada para amedrentar a los miembros amenazándolos diciendo “van a ver lo que les va a pasar si no hacen lo que les digo”, también prohibiendo realizar la siembra comunitaria que en el último ciclo del año empieza para el Pueblo Ocloya, impide la ampliación y mejoramiento de viviendas instalando carteles con frases como “prohibido pasar propiedad privada” en lugares de ocupación actual, tradicional y publica de la Comunidad, aduce que hizo un convenio con el gobierno, exige que le paguen pastaje para que puedan vivir tranquilos.
Los miembros de la comunidad han construido un badén en la playa del río para sacar a enfermos, porque la movilidad no podía ingresar, Ottonello aprovechó esta entrada para talar y sacar los árboles del lugar, luego se extendió a otros lugares, tirando al suelo los cercos de la posesión territorial de otras familias.
Este personaje ya protagonizo hechos similares en la Comunidad Guaraní Tentague Jecobe Iyapumbae de santa clara y en la Comunidad Originaria Tilquiza PUEBLO OCLOYA, donde en ese momento era también coordinador del plan nacional de manejo del fuego por la región NOA, dependiente de la Secretaria de Ambiente de Nación.
Falcón: este individuo contrata personal y amenaza con apropiarse de todo el ganado de los miembros de la comunidad, si no pagan pastaje e intenta despojarlo de su posesión territorial, engañando con venderles un lote en el propio territorio comunitario, los obliga a firmar contrato de pastaje.
Minera Piuquenes S.A.: esta multinacional tiene un supuesto encargado llamado Juan José Correa, que amenaza a los miembros para firmar pastaje y en determinados lugares se están señalizando con carteles y marcando como muestra de posible cerramiento con alambres, con una clara intención de exploración y explotación, también intentan cerrar el potrero de la comunidad, que desde mucho tiempo ya usaban los abuelos.
ASAMBLEA PERMANENTE
Desde el CDCAPO se espera la continuidad del acompañamiento Institucional en función a lo informado y planteado al Presidente del INAI Dr. Daniel Fernández, quien se comprometió, junto al Director de Tierras Dr. Antonio Dellellce en hacer las presentaciones en los ámbitos que correspondan, con el objetivo de prevenir daños irreparables, como así también de la Secretaría de DD.HH. de la Nación y la Secretaría de Agricultura Familiar, como parte del equipo de prevención.
Fuente: CD-CAPO
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