martes, 29 de marzo de 2016

COLOMBIA: INDIGENAS CIERRAN EL PARQUE EL COCUY EN DEFENSA DE TERRITORIO SAGRADO


Las comunidades indígenas de América Latina y Colombia se niegan a perder su cultura, sus costumbres, su lengua, su conexión con la pachamama y con el cosmos. Sus conocimientos ancestrales están vigentes a pesar de la persecución y el desplazamiento a los que han sido sometidos. La lucha por la permanencia en los territorios es sagrada, al igual que la defensa de los ecosistemas. Cumpliendo estos principios, los indígenas U’wa cerraron la entrada de turistas al parque durante esta Semana Santa.

La sabiduría indígena, la conexión con la Madre Tierra y con el cosmos, llevó a la comunidad U’wa, a convocar un plantón desde el pasado 20 de marzo a la entrada del Parque Nacional Natural El Cocuy. Según los U’wa, a través de un comunicado público, impedir la entrada de turistas significa garantizar la permanencia de la vida, la cultura y la madre tierra en el territorio. La decisión se tomó después de una reunión entre campesinos, indígenas y representantes del Gobierno.

Campesinos e indígenas manifestaron que el parque se encuentra deteriorado por la actividad turística y por la falta de control y protección. Denunciaron que un video en redes muestra a un grupo de visitantes jugando fútbol en pleno nevado. En el comunicado afirmaron que en las afectaciones físicas, culturales y cosmológicas del pueblo de la nación U’wa, se evidencia el desequilibrio natural y espiritual de la madre tierra.

Cóndores no llegan todos los días a Zizuma

Zizuma es el nombre en lengua U’wa de El Cocuy: una cadena de perlas blanquísimas que adorna los Andes, ubicada en los departamentos de Casanare, Arauca y Boyacá. En 2011, El Cocuy brindó hogar a dos cóndores que fueron criados por la Sociedad Zoológica de San Diego y el Programa de Especies Sobrevivientes de California, EE.UU. Los nuevos integrantes del parque fueron bautizados por los U’wa como Wayra y Sirará, que para ellos significa Diosa de los Vientos y Montaña, respectivamente.

Pero como cóndores no llegan todos los días al Cocuy, y como en esta Semana Santa serían muchos los turistas que lo visitarían, e Alcalde del municipio El Cocuy, Ramiro Daza, dijo que alrededor de tres mil personas se verían afectadas con el cierre del lugar. No obstante, queda la duda: ¿hasta dónde se verían afectados los turistas?

Sitios turísticos, parques recreativos, nevados, ríos, bosques y montañas son la atracción que los turistas anhelan disfruta en medio de un entorno rico en flora y fauna. Sin embargo, la pregunta es ¿Cuánto está dispuesto a dar cada visitante de El Cocuy para ayudar a conservar este lugar sagrado? ¿Qué política local y Nacional vigente se está cumpliendo para garantizar la conservación y la permanencia de los ecosistemas?

¿Qué importancia le está dando cada humano a coadyuvar y a implementar procesos de recuperación de ecosistemas que ya están en vía de extinción? ¿Si no hay actos de conciencia, por qué hemos de permitir un disfrute que conlleva el deterioro progresivo del medio ambiente?

Quienes han resistido he infundido en la protección de la pachamama y la conservación de los lugares sagrados han sido las comunidades ancestrales y los campesinos. No obstante, se les ha despreciado y tildado de ignorantes, ¿de quién será la ignorancia?

Los pueblos ancestrales viven una amenaza constante, siguen siendo desplazados de sus territorios, no se les respeta el derecho a la consulta previa en la ejecución de grandes proyectos. Se han visto obligados a ver morir a sus hijos de hambre, de sed y de enfermedades por el consumo de agua contaminada o por falta de atención médica, o porque su territorio ya no es apto para cultivar.

La resistencia de los indígenas U’wa debe convertirse en una alerta y un llamado a todos y todas a hacer un alto en el camino en época de peregrinación. Urge romper la invisibilidad, el silencio y los atropellos a los que son expuestos los territorios ancestrales.

Urge romper el racismo uniendo la voz a los U’wa para adquirir conciencia no solo del disfrute de los bienes naturales y comunes de la madre tierra, sino de su conservación. Urge entender que la vida depende de la conservación de esos bienes naturales. Urge cambiar la cultura del derroche por una cultura de conservación.

Comunicado a la opinión pública

Cubará, Boyacá 18 de Marzo del 2016. Ante la incapacidad del Parque Nacional Natural de Colombia de administrar y ejercer control en el Parque Nacional Natural El Cocuy (PNNC), y su rol de operador turístico, desconociendo su funciones en la garantía, la protección y LA conservación de las áreas protegidas. Como nación U’wa,, y defensores de nuestra madre tierra, exponemos a la opinión pública nacional e internacional que:

1. ZIZUMA es para la nación U’wa, nuestro territorio sagrado, donde conviven nuestro seres divinos, y se materializa el conocimiento ancestral y cultural de nuestras autoridades tradicionales (Werjayas).

2. La mala administración de PNNC, evidencian en las afectaciones físicas, culturales y cosmológicas del pueblo de la nación U´wa, el desequilibrio natural y espiritual de nuestra madre tierra.

3. El pueblo de la nación U’wa, ha tomado la decisión de movilizarse en defensa de nuestro territorio ancestral ZIZUMA. Por lo tanto, a partir de la fecha no se permitirá el turismo en nuestro sitio sagrado.

4. Invitamos a la comunidad nacional e internacional, organizaciones defensores de los derechos ambientales a solidarizarse con nuestra lucha en la defensa territorial kera chikara.

5. Ratificamos nuestra posición de defensa y protección a la madre tierra, el respeto a nuestro sitios sagrados, a la vida y la pervivencia como pueblo ancestral y milenario. El cierre del turismo en el área de parque natural El Cocuy solo es un paso para la garantía de la vida, de la cultura y de la madre tierra. Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildo U’wa (ASOU’WA).

Fuente: NODAL

SALTA: PUEBLOS ORIGINARIOS EXIGEN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN EL MARCO DEL CONFLICTO TERRITORIAL POR LOS LOTES 55 Y 14 EN SANTA VICTORIA ESTE.

El conflicto por los territorios comunitarios correspondientes a los lotes fiscales 14 y 55 en Santa Victoria Este, conocido también como "Caso Lhaka Honhat", está atravesado por diversos intereses, algunos más evidentes que otros, que continúan invisibilizando y acallando a los Pueblos Originarios como sujeto de derecho.

Siempre que se menciona este caso, aparecen como actores principales el Estado (como responsable principal en el cumplimiento del derecho), los criollos y la Asociación Lhaka Honat, pero se acallan las voces y los derechos de los Pueblos Originarios de más de 70 comunidades que viven en ese territorio. El problema que se plantea como una diferencia entre comunidades indígenas, es en realidad un conflicto entre los Pueblos Originarios y la Iglesia, institución que desde los tiempos de la conquista se ha apropiado de territorios originarios, muchas veces disfrazándose de asociaciones u ongs pro-indigenistas. 

A continuación compartimos una nota de El Tribuno donde se puede apreciar la postura y preocupación de los referentes de Pueblos Originarios que son parte del conflicto, en la cual denuncian a las instituciones OFC, Fundapaz y Lhaka Honhat por actuar de forma inconsulta junto al Estado (que debería ser el garante de su participación), y exigen que se avance en la titulación de los territorios comunitarios, a modo de un título por comunidad.

"Si quieren paz, que vayan adonde les corresponde", dicen aborígenes



Reunión de referentes originarios con El Tribuno, a mediados de febrero, en la comunidad Evenezer, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. Juan Barthe

14-03-2016 - La facción indígena que quemó alambrados de puesteros criollos expuso sus argumentos. Aseguran que nos son violentos y culpan al Gobierno por "no hacer respetar los acuerdos".

Todo conflicto tiene al menos dos caras. El conflicto de tierras más grande de la Argentina, en el que se disputan 643.000 hectáreas de Santa Victoria Este entre comunidades originarias y familias criollas, no es la excepción. La solución que se eligió es encontrar 400.000 hectáreas para las 72 comunidades aborígenes y 243.000 hectáreas para las más de 460 familias criollas. El primer obstáculo que encontró esa alternativa fue la realidad, ya que desde la creación de Nación esas dos facciones están en el mismo territorio. La solución a ese escollo se encaminó por la idea de "trasladar voluntariamente" a los criollos que estén dentro del territorio reclamado por los aborígenes. El problema ahí es que en 8 años, el Gobierno consiguió levantar a medias solo cinco puestos criollos nuevos, mientras que hay anotadas 120 familias para el traslado voluntario. Además, los puestos nuevos hoy están inhabitables por carecen de agua potable.

Esa demora generó inconvenientes. Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue el caso en los tribunales internacionales, se prohibió la instalación de nuevos alambrados en los puestos criollos existentes. Aborígenes denunciaron la instalación de nuevos cercos, pero ante la inacción del Estado formaron una comisión controladora y a finales de enero, en La Curvita, incendiaron el alambrado del criollo Cesar Quintana y el de varios otros puestos, como publicó ayer El Tribuno. 

Los criollos, por su parte, dicen que necesitan esos corrales para sus animales y para cumplir con la vacunación que exige Senasa. El resultado por falta de soluciones es la violencia.

Así como El Tribuno publicó ayer la historia de Cesar Quintana, hoy se presenta la otra cara del conflicto: los aborígenes que quemaron sus alambrados. Muchos los identifican como "los duros", pero ellos niegan ser violentos y aseguran que nada de eso hubiera pasado si el Gobierno hubiera hecho respetar los acuerdos.

Patricio Tejerina RANCHO EL ÑATO "Donde vivimos hay alambrados por todos lados. Queremos recuperar los caminos de nuestros abuelos y que queden libres".

El Gobierno tiene que acelerar. Los criollos están viviendo dentro de nuestro territorio. Yo no voy a estar tranquilo mientras exista un alambrado y animales en nuestra tierra. Acá no va a haber paz. Hay criollos que hablan de armas de fuego. Nosotros no tenemos miedo, que vayan sabiendo. Ellos tienen a una familia adentro de nuestra comunidad y en una comunidad nosotros tenemos más de 1.000 personas. No somos solo Gervasio y Tito Constantino. Si los criollos quieren paz, tienen que ir a asentarse a donde les corresponde", soltó Gervasio Barbier, de Kilómetro 2 y delegado del pueblo wichi de Santa Victoria Este ante el INAI.

Tito Constantino es otro con postura intransigente, aunque tiene esperanzas de encontrar una vía pacífica. Explica que ante la lentitud del Gobierno y la propagación de nuevos alambrados se decidió en asamblea la creación de una comisión controladora. "La idea es tener información, porque la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) viene acá a tomar gaseosa y no le importan los actores verdaderos del conflicto. La comisión fue positiva, porque ahora tenemos información", explicó.

"No somos agresivos. De ninguna manera. Tenemos paciencia y ganas de seguir trabajando. Si nos dicen que tenemos que esperar 10 años más, esperamos, pero siempre y cuando se nos informe y notifique de la situación. Hay un nuevo ministerio y vamos a darle tiempo porque dicen que ellos van a hablar con los verdaderos actores del conflicto. Veo que partes de los criollos están cumpliendo, pero otros no. Hay nuevos alambrados... No sé sí van a haber nuevas quemas, pero sí queremos que se haga una vía de paz. Nosotros pedimos que la Justicia no esté ausente, porque si no toman nuestras denuncias pasa todo esto", reclamó.

"Queremos que se respete el decreto del año 2012 que ellos (los criollos) han firmado. El criollo tiene armas. Nosotros tenemos una sola arma que es el diálogo. Les pido que nos juntemos en una mesa a discutir y a buscar una solución. Pero que no nos digan que somos provocadores. Al Gobierno le pedimos que acelere todo. Van quedando pocos de los ancianos pioneros en la lucha por las tierras, hace poco falleció otro. Si no se levantan alambrados y se colocan animales, nos vamos a entender", agregó.

El aborigen Patricio Tejerina, de Rancho El Ñato, lugar donde vive el popular cantante Oscar Palavecino, pide liberar ese territorio de alambrados. "Donde vivimos hay alambrados por todos lados. Los caminos que han sido de los abuelos están totalmente cerrados y nosotros como jóvenes queremos que los caminos queden libres", dijo.

Gervasio Barbier REPRESENTANTE ANTE EL INAI "Nunca vamos a poder convivir con el criollo, porque tienen sus pistolas, animales y alambrados. Se tienen que ir y tienen que hacerlo urgentemente".

José Arturo Lorenzo, cacique de Pozo La China, estuvo presente cuando quemaron los alambrados del criollo don Ambrosio Romero, que aceptó relocalizarse, pero al que el Gobierno todavía no le entregó un nuevo puesto. "Tiene cerramiento y nosotros tenemos que ocuparlo. Decidimos desalojarlo", dijo firme el cacique.


"No consultaron cuando hicieron el decreto"

Dicen que el título único entregado por decreto no ayudó a resolver el conflicto. Lorenzo Urbano es de la comunidad de San Luis y dice que tiene "setenta y algo de años". No tiene muchas esperanzas de llegar a ver la solución. Una de las grandes polémicas del conflicto es la entrega de las 400.000, con más de 70 comunidades de 4 etnias distintas, en un solo título comunitario. Muchos pedían un título para cada comunidad y temen que el título quede a nombre de Lhaka Honhat, la asociación aborigen que inició la denuncia internacional contra el Estado salteño y argentino, con el asesoramiento del CELS, que dirige el periodista Horacio Verbitsky. En junio de 2014 el decreto provincial 1.498 transfirió 400 mil hectáreas en propiedad comunitaria a 70 comunidades indígenas, pero no definió donde se encuentra ese territorio. "No estábamos a favor del título único o comunitario. Pero nosotros dijimos que si ayudaba para apurar nosotros acompañábamos", dijo don Lorenzo Urbano.

Andrés Amaya, de la misma comunidad, también está en contra de la norma. "Hay un decreto que nos enteramos recién después de que se firmó. No se nos consultó. El decreto se firmó en Salta y no en la zona crítica. Las instituciones OFC, Fundapaz, Asociana y Lhaka Honhat firmaron con sus asesores y abogados. Es un decreto de las instituciones y nosotros estamos fuera de las organizaciones. Pedíamos titulo por comunidad y no título único. Esa era nuestra decisión y no se la tuvo en cuenta. Nosotros seguimos luchando para tener nuestra propiedad para cada comunidad... Si terminamos apoyando el título único fue porque vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos pidió que nos uniéramos para que progrese el bien para todos. Por eso apoyamos esa vez el decreto y título único, porque decían que había solución concreta. Pero hoy, todas esas instituciones ya no necesitan la ayuda de nosotros y cuando hay problemas no aparecen. Ahora que firmaron el decreto que sigan trabajando y que encuentren una solución, porque las organizaciones firmaron con el Gobierno", opinó.

Fuente: El Tribuno

jueves, 24 de marzo de 2016

Genocidio Originario ¡Nunca Más!

A 40 años del Golpe Cívico-Militar seguimos exigiendo Memoria, Identidad, Justicia y Territorio.






Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar y por el Genocidio sufrido por nuestros Pueblos desde la conquista.


Sin memoria, y sin justicia, no hay construcción de interculturalidad, no hay paz posible. 


“Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio”