lunes, 9 de octubre de 2017

SÍ A LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 SIN MODIFICACIONES

¡GARANTÍA DE NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO PUEBLOS ORIGINARIOS!


El genocidio llevado a cabo por el Estado Argentino con las campañas militares de fines del siglo XIX, tuvo como principal objetivo la apropiación de los territorios donde vivimos desde tiempos ancestrales. Más de 40 millones de hectáreas fueron repartidas entre el Estado y un puñado de inversionistas locales (integrantes de la oligarquía, la Sociedad Rural Argentina y del ejército) y extranjeros, luego devenidos “terratenientes”. Los Pueblos Originarios fuimos forzados a trasladarnos o a trabajar bajo un régimen de esclavitud para los que se autoproclamaron “patrones”. Esta situación ha generado conflictos territoriales que siguen vigentes. 

Los pueblos preexistentes vivimos una grave situación de violencia y desigualdad en términos sociales, políticos, económicos, culturales y espirituales. 

Somos los pueblos naciones: Mapuce, Q’om (Toba), Kolla, Pilagá, Moqoit (Mocoví), Tehuelche, Selk’nam, Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Wichi, Diaguita, Huarpe, Tonocote, Rankulche, Chulupí, Chorote, Chané, Tapiete, Charrúa, Comechingón, Ocloya, Omaguaca, Avipon, Yamanas, Yaganes, Quechua, Querandí, Tilian, Tilcara, Vilela, Lule, Iogys, Sanavirón, Nivaclé, Lickana Antay, Chicha, Chané, Guaycurú, Weenhayek. Estamos organizados en Instituciones representativas legítimas con territorialidad en más de 2000 territorios comunitarios en el país.

La Ley 26160 es el único instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Si bien esta ley no detiene la violencia física, verbal y las persecuciones judiciales, políticas, mediáticas que sufrimos de forma cotidiana, la misma permite poner freno o volver atrás los desalojos hasta que el Poder Ejecutivo regularice la situación dominial de nuestros territorios. Esta ley instrumenta el mandato de la Constitución Nacional (Art. 75 Inc. 17) que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupamos. El cumplimiento de nuestros derechos es total responsabilidad del Estado, en todos sus poderes. Su incumplimiento también.

Ante la escalada de violencia e impunidad con la llegada del gobierno de Cambiemos, la NO aprobación de una prórroga implicaría, no sólo un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los Pueblos Originarios, sino que sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio originario del cual el Estado será el responsable. Donde nosotros vemos vida los empresarios, las multinacionales y los políticos que las representan ven recursos. Los Pueblos Originarios no estamos dispuestos a negociar la vida.

Exigimos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: 

¡APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 SIN MODIFICACIONES!

¡INMEDIATA EJECUCIÓN DE LA LEY 26160!

¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

¡TRATAMIENTO DE LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA!

¡BASTA DE CRIMINALIZAR Y PERSEGUIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!

¡LIDERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR!

¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!


Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO

encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

domingo, 8 de octubre de 2017

" 2920 DÍAS DE IMPUNIDAD, 2920 DÍAS SIN JAVIER CHOCOBAR, 2920 DÍAS DE LUCHA"


7 de Octubre de 2017. A 8 años del asesinato de Javier Chocobar y de inacción de la justicia Tucumana. Los Chuschagasta volvemos a marchar el jueves 12 de octubre (09:00 hs punto de encuentro plaza Urquiza. San Miguel de Tucumán). Convocamos a toda la sociedad en general a que nos acompañe una vez más. 

Comunidad Los Chuschagasta (personería jurídica N°03 ReNaCi/INAI) perteneciente a la Nación Diaguita, Valle de Choromoros (actualmente Tucumán). Nosotros Los Chuschagasta Pueblo Vivo y Preexistente al estado nacional Argentino, queremos pronunciarnos al cumplirse otro “nuevo” 12 de octubre Memoria, Lucha y Resistencia por Javier Chocobar, quien fue asesinado en defensa de nuestro territorio ancestral por Dario Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso. Estos dos últimos funestos personajes, con participación activa en la última dictadura militar, en el denominado “grupo Atila”, del tristemente célebre Malevo Ferreira.

Lo más significativo de remarcar para nosotros, es el "extraño" tiempo que sigue demorando el juicio a los asesinos, en una causa que se transformó en una de las resoluciones más largas de la historia Tucumana. Reivindicamos a Javier Chocobar COMO NUESTRA AUTORIDAD ASESINADA, no solo un comunero o un abuelo, sino una AUTORIDAD TRADICIONAL de nuestra institución territorial, hecho que oscurece más la demora de la justicia en este “estado de derecho y democrático”. Un estado nacional que no garantiza ni implementa la legislación indígena vigente y mucho menos hace efectivos los derechos humanos que nos asisten por ser ciudadanos argentinos.

Finalmente reafirmamos el hecho de que Javier dio su vida por la Comunidad y el territorio, un binomio inseparable; debido que para nosotros la Comunidad es nuestra familia parte fundamental de reproducción de nuestros aspectos sociales, espacio de fortalecimiento, reflexión, crecimiento y donde nos vinculamos de acuerdo con nuestras pautas culturales e identitarias. Dentro de nuestro lugar que está íntimamente enclavado en el territorio. Territorio que no solo es el espacio donde vivimos sino que interactuamos con él, donde afianzamos nuestra espiritualidad, en él esta la medicina ancestral que nos sana a nosotros y a nuestros animales, obtenemos sus frutos a través de las siembras. Además es donde se desarrolla material y simbólicamente nuestra vida, la de nuestros ancestros y será la de nuestros hijos. Nuestra identidad está determinada por el territorio que queremos y cuidamos no por un valor material sino porque está vivo y nos da vida. Deseamos alcanzar la justicia, queremos que este sea el último año donde debamos salir a marchar para exigir un Derecho (Justicia), aunque estamos decididos a no abandonar la lucha como Javier nos mostró, sin miedo, sin mezquindades y con dientes apretados. 

Estuvimos, estamos y vamos a seguir exigiendo justicia y defendiendo nuestro territorio siempre. 

¡¡¡JUICIO Y CÁRCEL PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSÉ VALDIVIESO!!! 

¡¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR Y PARA TODOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!!! 

 Contactos: 
Audolio Chocobar 03815999189 
Nancy Chocobar 1158396726

viernes, 6 de octubre de 2017

¡PRORROGUEN LA LEY 26160!

Territorios comunitarios originarios, Argentina, 5 de octubre de 2017.

Diputados Nacionales

S / D

De nuestra mayor consideración,

Las autoridades, referentes y miembros de más de 26 Pueblos Originarios nucleados en el ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios), con representación en 20 provincias de Argentina, desde cada uno de nuestros territorios, a una semana de que se cumplan 525 años del inicio del despojo territorial a nuestros pueblos y a 8 años del asesinato impune de la autoridad Diaguita Javier Chocobar en el marco de un conflicto territorial, nos dirigimos a Uds. en su carácter de representantes del pueblo argentino en el Poder Legislativo, con el objetivo de manifestar nuestra preocupación por la situación de emergencia en nuestros territorios y a fin de exigir la prórroga de la Ley 26160, con vigencia hasta el 23 de noviembre de 2017.

La misma resulta imperativa en función de las razones que se detallan a continuación:

- La Ley 26160 es el único instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Si bien esta ley no detiene la violencia física, verbal y las persecuciones judiciales, políticas, mediáticas que sufrimos de forma cotidiana, la misma permite poner freno o volver atrás los desalojos hasta que el Poder Ejecutivo regularice la situación dominial de nuestros territorios.

- Esta ley instrumenta el mandato del Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce a los Pueblos Originarios la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. 

- La ejecución del relevamiento territorial por parte de las provincias y el INAI se encuentra demorado a causa de diferencias respecto a su implementación y a su financiamiento.

- El programa de fortalecimiento jurídico del INAI se encuentra paralizado y el presupuesto sub-ejecutado.

- El diálogo entre el INAI y las instituciones representativas de los pueblos originarios fue suspendido.

- La no aprobación de una prórroga implicaría un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los Pueblos Originarios y, en materia política, sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio.

Asimismo, requerimos que de forma urgente se dé inicio al tratamiento del anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, presentado en el año 2015 mediante expediente Nº 5985-D-2015 e ingresado nuevamente en el año 2017 mediante expediente Nº 5137-D-2017, y al anteproyecto de Ley de Consulta y Participación a pueblos originarios presentado en el mes de julio de 2014. Estas leyes son una deuda histórica del Congreso Nacional, constituyen la base de la reparación histórica a los pueblos originarios y son la condición fundamental para poner freno a los conflictos y garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.

El cumplimiento de nuestros derechos es total responsabilidad del Estado, en todos sus poderes. Su incumplimiento también.

Saludamos atentamente,

sábado, 30 de septiembre de 2017

Un fallo le prohíbe a Gendarmería entrar a un territorio mapuche sin orden judicial

La fuerza de seguridad había ingresado a la comunidad Raquituhue con la excusa de buscar a Santiago Maldonado.

La justicia federal de esta ciudad le ordenó a Gendarmería Nacional y a otras fuerzas de seguridad que se “abstengan de ingresar al territorio de la comunidad Raquituhue sin autorización judicial”.

Si bien se alude a la citada comunidad, se interpreta que los efectivos de las fuerzas también tienen impedido el ingreso a otra territorios mapuches.

La decisión de la jueza Silvina Domínguez, quien aceptó el habeas corpus presentado oportunamente por los mapuches, sienta un precedente en un contexto nacional signado por la desconfianza entre los protagonistas.

La resolución del expediente se definió en la noche del miércoles en el juzgado zapalino en una audiencia donde estuvieron presentes la magistrada federal, representantes de Gendarmería Nacional y miembros de la comunidad, junto al defensor oficial, Gonzalo Vergés.

La causa se dio en el marco de la intromisión que efectivos de Gendarmería Nacional realizaron semanas atrás en el campo que los Raquithue ocupan en cercanías de la ciudad de Junín de los Andes.

El operativo referido se desarrolló a las cuatro de la madrugada, sin orden judicial que lo posibilitara ni la aprobación de las autoridades de la comunidad, el lonko Hernán Cañicul y el werken, Fidel Collipan.

Oficialmente se explicó que el allanamiento, que incluyó la presencia de vehículos oficiales y el despliegue de efectivos de seguridad, se produjo en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado.

Ese episodio tuvo un fuerte impacto mediático y tras ser denunciado generó un repudio generalizado a la fuerza.

En ese sentido, entre otras organizaciones, se manifestó la Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén en un comunicado.

Fuentes judiciales revelaron que Gendarmería Nacional tenía datos aportados por la policía de la provincia de Neuquén que señalaban que una persona muy parecida a Maldonado había sido visto acampando en el interior de la comunidad mapuche.

Más allá del revés judicial que esta decisión representa para Gendarmería, trascendió que mantendrán abierto el canal de diálogo con la comunidad a fin de avanzar en la elaboración conjunta de un protocolo que permita resolver este tipo de situaciones a futuro.

En este sentido, la semana pasada se desarrolló un encuentro entre ambas partes en San Martín de los Andes y en los próximos días podría repetirse la experiencia.

En función de la conflictividad que se registra entre comunidades mapuches y fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la Patagonia, la resolución de la jueza Domínguez puede sentar un precedente en la materia. El caso Maldonado puso a Gendarmería en el centro del debate.
“Se debe garantizar la integridad física y la libertad de los miembros de la comunidad Raquituhue de Junín de los Andes”.
Silvina Domínguez,
jueza federal
de Zapala.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Senado argentino aprueba reclamo de pueblos indígenas y pasa a Diputados

Con decisión se suspende desalojo de sus comunidades

BUENOS AIRES

Los pueblos originarios de Argentina lograron este miércoles el voto favorable del Senado a su reclamo de prórroga de una ley que suspende los desalojos de sus comunidades, una demanda que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

"Por unanimidad la Cámara alta dio 'media sanción' a la prórroga de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que suspende los desalojos en tierras habitadas por los pueblos originarios", informó el Senado en un comunicado.

Si la prórroga es aprobada por la Cámara de Diputados, será por un plazo de 4 años.

Miembros de los pueblos originarios de Argentina protestaron este miércoles frente al Congreso Argentino, exigiendo una ley que prohíba los desalojos de pueblos originarios de sus tierras ancestrales.(AFP)

Los manifestantes buscan que el Congreso prorrogue por tercera vez la norma aprobada en 2006 y que preveía realizar en un plazo de tres años un estudio territorial de los lugares de Argentina en donde están establecidas las comunidades indígenas.

La norma ya fue prorrogada en 2009 y 2013 y vence en noviembre próximo.

"La ley lleva 11 años y de las 2.000 comunidades (indígenas) que existen en el país, solo han sido relevadas 400, nada más. Hay 1.600 que están esperando", dijo a la AFP Roberto Ñancucheo, un líder mapuche que participó de la protesta.

El objetivo no es solo la prórroga de la ley sino que se termine este estudio y se apruebe "una ley de propiedad comunitaria", explicó.

Ñancucheo insistió en que el Estado argentino "tiene una deuda de 200 años con los pueblos originarios" pero aclaró que en esta ocasión están "reclamando que paren lo que ocurrió en Argentina en los últimos 20 años".

"Existen conflictos en todo el país. Son territorios desalojados por los sojeros, las mineras, los empresarios", agregó.

Aseguró que "los indígenas no tenemos más dónde recular. Ni siquiera es una cuestión de valentía, coraje ni de resistencia".

"No puede haber esta injusticia de un empresario con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene donde vivir, como lo que vivimos con el empresario Benetton", insistió.

El empresario italiano Luciano Benetton es dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuches reclaman tierras ancestrales al sostener que ellos son pueblos preexistentes al Estado argentino.

El reclamo se renueva cuando todas las miradas del país se posaron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, instalada en terrenos que compró Benetton en los años 90, y donde desapareció el 1 de agosto el joven Santiago Maldonado, solidario con la causa de ese pueblo, durante un violento operativo de la gendarmería (policía militar).

El Senado votó la prórroga de la Emergencia Territorial para los pueblos originarios

Media sanción al freno de los desalojos

La Cámara alta aprobó por unanimidad prorrogar la ley 26.160, que suspende los desalojos en territorios indígenas en conflicto hasta noviembre de 2021. Ahora la norma deberá ser debatida en Diputados. En la sesión, Pichetto volvió a hablar de una supuesta “violencia extrema" en la Patagonia y resaltó la militarización de la región chilena de la Araucanía como un ejemplo a seguir.

En las afueras del Congreso hubo una concentración para reclamar la prórroga de la Emergencia Territorial. Imagen: DyN

Con 62 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, el Senado dio la media sanción a la reclamada prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos en los territorios de los pueblos originarios que están en conflicto. En las afueras del Congreso, un acampe de representantes de cuarenta comunidades originarias se concentró para seguir el debate.

La norma había sido aprobada en noviembre de 2006 y prorrogada en 2009 y 2013. Contempla la realización de un relevamiento territorial de los lugares en donde están establecidas comunidades indígenas, que no fue completado. A once años de la sanción de la ley, sólo 459 de 1532 de las comunidades fueron relevadas, por lo que sin la prórroga, más del 65 por ciento corrían el riesgo de ser desalojadas.

Durante la vigencia de la emergencia, que ahora durará hasta noviembre de 2021, se prohíbe todo tipo de acción legal que tuviera como objetivo despojar a los pueblos originarios de las tierras en donde están instalados hasta que se complete el relevamiento.

El oficialismo, que había anticipado que respaldaría extender la Emergencia Territorial, planteó su deseo de que la nueva prórroga fuera solo por dos años y medio, algo que fue rechazado por la bancada del PJ-FpV y otros bloques opositores. Finalmente los senadores de Cambiemos acompañaron el plazo de cuatro años.

“No era para entorpecer, era una oferta para intentar mejorar. No lo comparten, no hay problema, vamos a votar los cuatro años”, expresó Ángel Rozas, hasta hoy presidente del interbloque de Cambiemos. “A lo mejor, si el Ejecutivo cumple con lo que prevé, antes de los cuatro años se pueda completar”, añadió.

Antes de Rozas expuso el titular del bloque del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, quien expresó su respaldo a la prórroga pero volvió a dedicar su discurso a la supuesta amenaza de grupos violentos en la Patagonia, a los que vinculó con los mapuches. “Hay situaciones con un grupo identificado con la violencia extrema y con el no reconocimiento al territorio nacional”, sostuvo el senador rionegrino y se refirió escuetamente a la desaparición de Santiago Maldonado, tema que recorrió la mayoría de los discursos en la sesión.

Pichetto planteó “la necesidad de saber la verdad de lo que pasó con Maldonado” y lanzó una “opinión personal”. “Para mi no hay tierra sagrada. No puede haber ningún espacio de tierra en el territorio argentino que no esté bajo las autoridades de la Argentina”, afirmó. Pidió “buscar mecanismos de pacificación” y puso como ejemplo la situación de la región de la Araucanía en Chile, que “queda bajo jurisdicción militar del Ejército chileno”. “No quiero decir que hagamos lo mismo acá, vulneraríamos la Ley de Seguridad Interior”, aclaró rápidamente, pero insistió en que “la Argentina tiene que dejar de ser ingenua”.

Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras


Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.

Soledad Quiroga

Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios

La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.

Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”

En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.

Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.

Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”. 

El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Marchan en Argentina para pedir la prórroga a la ley que impide desalojar indígenas


© Agencia EFE Diversas organizaciones sociales marchan hacia el Congreso argentino hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, para reclamar la vigencia de la ley que suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas. EFE

Cientos de personas se movilizaron hoy en Buenos Aires para pedir al Congreso que prorrogue la ley de 2006 que obliga a suspender los desalojos en tierras de comunidades indígenas y exigir la "reparación histórica" de estos pueblos, que enfrentan desde hace medio siglo una dura disputa territorial.

"Vinimos a levantar la voz. Porque desde hace 500 años, los pueblos originarios venimos resistiendo la conquista. Primero del imperio español, después de los estados nacionales, y todavía estamos acá", dijo a Efe Orlando Carriqueo, portavoz del pueblo Tehuelche de Río Negro, al sur del país y representante de 120 comunidades de la Patagonia argentina.

Referentes de los Mapuches, Qom, Wichis, Villela, Sanavirones y Guaraníes, entre otros, se congregaron en el centro de la ciudad con pancartas, tambores y banderas de pueblos originarios para reclamar por sus derechos y destacar que la extensión de esta norma, que vence en noviembre, es un acto de "justicia".

En concreto, la ley 26.160, aprobada en 2006 y que ya tuvo diferentes prórrogas, declaró la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspendió la ejecución de sentencias que implicaran la desocupación de esos lugares.

© Agencia EFE Diversas organizaciones sociales marchan hacia el Congreso argentino hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, para reclamar la vigencia de la ley que suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas. EFE

Además, ordenaba realizar un estudio sobre todo el territorio para establecer qué tierras correspondían a cada comunidad y quedaban inmunizadas ante los desalojos, pero, según denuncian los pueblos originarios, una década más tarde sólo un 30 % de ellos tiene títulos de propiedad de sus tierras.

Acompañados de organizaciones sociales, partidos de izquierda y sociedad civil, las distintas comunidades indígenas conformaron una extensa columna y marcharon hacia la sede del Congreso argentino, donde realizarán una vigilia para pedir que se extienda la ley al menos otros cuatro años más.

Carriqueo destacó que no quieren la tierra "como una mercancía", ya que para ellos "no tiene precio" y el valor reside en que su cultura depende de la tierra para desarrollarse.

En su opinión, esto colisiona con un Estado capitalista y una sociedad que no asume que hay muchas identidades dentro de Argentina "que también han construido este país".

"'Petu mogueleiñ', dice nuestra bandera: todavía estamos vivos", apuntó.

Con él coincidió Sandra Silva, werkén (mensajera, portavoz) de los mapuches Pewel Katuwe de San Rafael, provincia de Mendoza (oeste), al apuntar en una entrevista con Efe que todos sus ancestros están en esas tierras.

"Somos pueblos preeexistentes, entonces toda la historia esta ahí, no te pueden correr (echar), es como que te vayan a correr de tu casa: es imposible que lo hagan, pero lo están haciendo", denunció.

A su juicio, lo ideal sería que la ley se prorrogase indefinidamente porque "cuesta mucho" que las 2.500 comunidades que existen en el país tengan los papeles al día.

La movilización se produce después de que diputados de los principales partidos políticos del país se reunieran este martes con representantes de pueblos originarios y se comprometieran a votar la prórroga de esta ley.

La sesión especial de la Cámara de Diputados que se celebrará el próximo 4 de octubre podrá dar el visto bueno a la Ley, pero para ello necesitará también la aprobación del Senado.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

MANIFIESTO DE LOS PUEBLOS



Los hechos que vienen sucediéndose en un marco de creciente represión desde la desaparición del ciudadano Santiago Maldonado hace 50 días, pone en evidencia los intereses existentes sobre los bienes naturales en territorio mapuche por parte de los gobiernos tanto nacionales como provinciales. En esta nueva campaña al desierto se cuenta con medios de comunicación de alcance nacional que han instalado la manipulación mediática constante para desinformar a la sociedad argentina demonizando nuestros reclamos como pueblos y pretendiendo instalar irresponsablemente, en muchos casos desde los propios funcionarios del gobierno una imagen distorsionada de la problemática.

Las corporaciones, los privados y el propio estado avanzan en distintos puntos de Argentina generando un lamentable retroceso en materia de aplicación concreta del derecho colectivo reconocido constitucionalmente.

La falta de voluntad de los representantes ante el congreso nacional de tratar la prórroga de la Ley 26.160 es coincidente con esta política pública nacional de desconocimiento de los derechos indígenas, al menos por una gran parte de quienes nos representan. Las serias consecuencias que traería aparejada la falta de aprobación de la correspondiente prórroga vendrán a agravar la ya delicada situación de nuestras comunidades a lo largo del país, hostigadas brutalmente por los poderes judiciales provinciales ordenando los múltiples desalojos que se suceden cotidianamente en nuestros territorios en clara violación de esta Ley.
La clara incapacidad o decisión de las autoridades nacionales de trabajar seriamente sobre los problemas de fondo, creando mecanismos eficaces para cumplimentar las acciones ya encaminadas como la finalización de los relevamientos territoriales, profundizan la mora de un estado que tiene la obligatoriedad de cumplir con sus compromisos constitucionales de resguardar nuestros derechos.

Nos solidarizamos con el pueblo Mapuche que padece los embates represivos más cruentos, sin dejar de mencionar que esto es parte de una realidad que padecemos a lo largo de todos nuestros territorios y hacemos un llamado a la movilización permanente de nuestras organizaciones en alianza con las organizaciones que luchan en defensa de sus derechos laborales, culturales y de género, que son víctimas como nosotros de este modelo que nos oprime.

Adherimos a las movilizaciones que se realizaran en distintas provincial y en Bs As el próximo 27 para visibilizar nuestro reclamo y exigir que se prorrogue la Ley 26.160.

POR LA MEMORIA DE NUESTROS MARTIRES Y TITAQUINES

EN DEFENSA DE LA VIDA QUE ES NUESTRA PACHA MAMA

UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA EN TUCUMAN - UPNDT

UNIÓN SOLIDARIA DE COMUNIDADES DEL PUEBLO DIAGUITA CACANO - USC


martes, 26 de septiembre de 2017

NOS MOVILIZAMOS AL CONGRESO DE LA NACIÓN PARA EXIGIR AL PARLAMENTO NACIONAL, LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 Y LA GARANTÍA DE NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO PUEBLOS ORIGINARIOS














CONVOCATORIA:

· CONGRESO DE LA NACIÓN: 
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE, 11:00HS, SALA PARODI. AUDIENCIA PÚBLICA. DIALOGO INTERCULTURAL ENTRE PUEBLOS ORIGINARIOS Y LEGISLADORES.
· MARCHA A PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS (FRENTE AL SENADO): MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE. 11 HS – AVENIDA DE MAYO Y 9 DE JULIO. TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE PRÓRROGA.
· ACTO Y FESTIVAL POR LA APROBACION DE LA PRÓRROGA 26160 SIN MODIFICACIONES.


Contacto prensa:
Ariel Navanquirí – 03460691117 – Coordinador OCASTAFE – ENOTPO
Nancy Chocobar – 01189733984 – Delegada Pueblo Tolombón – ENOTPO
Roberto Ñancucheo – 02804657071 – Lonqo Mapuce Pewel Kutawe – ENOTPO
David Pastrana – 0387 5886761 – Delegado – UPNDS - ENOTPO
Contacto para enviar adhesiones, pronunciamientos, consultas sobre la movilización, actividades u otras:
encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar


¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!
¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR!
¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!

Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO

lunes, 25 de septiembre de 2017

¡SÍ A LA PRÓRROGA DE LEY 26160! ¡TERRITORIOS SIN PATRONES!


Territorios comunitarios originarios, Argentina, 20 de septiembre de 2017
CONVOCATORIA URGENTE: NOS MOVILIZAMOS AL CONGRESO DE LA NACIÓN PARA EXIGIR AL PARLAMENTO NACIONAL, LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 Y LA GARANTÍA DE NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO PUEBLOS ORIGINARIOS.
* A los y las Logko, Werken, Mburubicha, Kuraka, Iquin, Caciques, Kamachej, Machi, Opygua, Niyata, Nillat, Kantal y otras autoridades comunitarias, políticas y espirituales representativas de nuestros pueblos,
* A las hermanas y hermanos de todos los Pueblos Naciones Originarias Preexistentes en Argentina que todos los días trabajan, viven, resisten, se organizan y defienden sus territorios,
* A las organizaciones sociales y políticas, de DDHH y otros sectores del campo popular que todos los días luchan por los derechos humanos, la igualdad y la justicia.
Desde las organizaciones nucleadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) queremos hacerles llegar a través de este breve comunicado nuestro pensamiento colectivo sobre la grave situación que vivimos los pueblos en Argentina en la actualidad, con el fin de llegar a un entendimiento común respecto a las necesidades urgentes que hoy se presentan, que requieren nuestra mayor atención y que nos unen, más allá de las diversidades culturales y políticas que tenemos en nuestra construcción cotidiana y colectiva.
El Estado Argentino, así como los demás países del continente, se conformó sobre los territorios en los que desde tiempos ancestrales vivimos distintos Pueblos y Naciones que somos preexistentes a los Estados, tal como lo reconoce la Constitución Nacional desde 1994. De ahí que somos Originarios de estos territorios.
En Argentina somos en la actualidad más de 40 Pueblos y Naciones Originarias: Mapuce, Q’om (Toba), Kolla, Pilagá, Moqoit (Mocoví), Tehuelche, Selk’nam, Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Wichi, Diaguita, Huarpe, Tonocote, Rankulche, Chulupí, Chorote, Chané, Tapiete, Charrúa, Comechingón, Ocloya, Omaguaca, Avipon, Yamanas, Yaganes, Quechua, Querandí, Tilian, Tilcara, Vilela, Lule, Iogys, Sanavirón, Nivaclé, Lickana Antay, Chicha, Chané, Guaycurú, Weenhayek. Estamos organizados en Instituciones representativas legítimas con territorialidad en más de 2000 territorios comunitarios en el país.
Tenemos en común la cruda realidad de haber sufrido el mayor genocidio perpetrado por el Estado Argentino, el genocidio originario, que nos ha dejado en una situación de desigualdad en términos sociales, políticos, económicos, culturales y espirituales, la cual tiene como eje el despojo territorial. Más de 40 millones de hectáreas fueron repartidas entre un puñado de inversionistas locales (integrantes de la oligarquía, la Sociedad Rural Argentina y del ejército) y extranjeros, luego devenidos “terratenientes”. Fuimos forzados a trasladarnos o a trabajar bajo un régimen de esclavitud para los que se autoproclamaron “patrones”. Entonces cuando desde el Estado y la “Justicia” nos hablan de papeles, lo que respondemos es que el hecho de que algo sea legal no implica que sea legítimo.
Si bien, en las últimas décadas, han habido importantes avances en materia de derecho indígena, en la práctica esta historia de genocidio y despojo nunca fue reparada por el Estado Argentino, el conflicto territorial sigue vigente y, como ya lo pronosticamos, con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional la escalada de violencia e impunidad ha crecido inusitadamente en todos los territorios.
Hoy el mundo entero es testigo de la persecución, violencia y hostigamiento por parte del Estado Argentino contra los hermanos y hermanas Mapuce de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, quienes tomaron la decisión de recuperar (porque les pertenece por derecho de preexistencia) una pequeña porción de un total de un millón de hectáreas de tierra que están en manos del Grupo Benetton, quien se apropió ilegítimamente de ese espacio territorial, “comprado” con pueblos originarios adentro, y que, además, debería ser investigado por la desaparición de Santiago Maldonado.
Es por ello que cuando nos acusan de extranjeros, de ilegales, de usurpadores, nuestra respuesta siempre es la misma, somos de acá, somos preexistentes. Nos ampara la Constitución Nacional y la legislación internacional, y el cumplimiento de estos derechos es total responsabilidad del Estado, en todos sus poderes. Su incumplimiento también.
La Ley 26160 es el más efectivo (y uno de los pocos) instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Si bien esta ley no detiene la violencia física, verbal y las persecuciones judiciales, políticas, mediáticas que sufrimos de forma cotidiana, la misma permite poner freno o volver atrás los desalojos hasta que el Poder Ejecutivo regularice la situación dominial de nuestros territorios y los restituya a sus legítimos poseedores.
Esta ley instrumenta el mandato del Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupamos. El Estado ya tiene demasiadas deudas y no puede darse el lujo de retroceder 11 años en materia de derecho indígena.
Nuestros territorios son nuestra vida, son el agua que nos refresca, el bosque que nos oxigena, las medicinas que nos curan, nuestra alimentación diaria, los materiales para nuestras viviendas, la inspiración para nuestro arte, allí nos comunicamos con nuestros ancestros y con cada elemento de la naturaleza, son nuestros saberes ancestrales. Donde nosotros vemos vida los empresarios, las multinacionales y los políticos que las representan ven recursos. Los Pueblos Originarios no estamos dispuestos a negociar la vida.
Con la escalada de conflictos territoriales, la NO aprobación de una prórroga implicaría, no sólo un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los Pueblos Originarios, sino que sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio originario del cual el Estado será el responsable.
Por este motivo desde cada uno de nuestros Territorios, nos DECLARAMOS en ALERTA y MOVILIZACIÓN, y convocamos:
-          A todas las Organizaciones y Comunidades de Pueblos Originarios en Argentina a movilizarnos los días 26 y 27 de septiembre al Congreso de la Nación y a expresarse por los medios que tengan a disposición, para exigir la prórroga de la ley N° 26160 sin modificaciones.
-          A las organizaciones sociales y políticas a acompañarnos físicamente en la movilización y/o pronunciarse públicamente y exigir a los legisladores la prórroga de la ley 26160 sin modificaciones.
Asimismo, exigimos:
-          Al INAI y a las provincias, la inmediata ejecución de la ley 26160, con la continuación del trabajo de relevamiento territorial, y la urgente implementación del programa de fortalecimiento jurídico. Con el debido proceso del CLPI.
-          A los poderes ejecutivo y legislativo, que cumplan con su deber de reglamentar la consulta y participación así como la titularidad comunitaria de los territorios. 
-          Que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales respeten el estado de derecho. 
-          El cese de la criminalización y persecución a los pueblos originarios. 

CONVOCATORIA:
·  CONGRESO DE LA NACIÓN: MARTES 26 DE SEPTIEMBRE, 11:00HS, SALA PARODI. AUDIENCIA PÚBLICA. DIALOGO INTERCULTURAL ENTRE PUEBLOS ORIGINARIOS Y LEGISLADORES.
·  MARCHA A PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS (FRENTE AL SENADO): MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE. 11 HS – AVENIDA DE MAYO Y 9 DE JULIO. TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE PRÓRROGA.
·    ACTO Y FESTIVAL POR LA APROBACION DE LA PRÓRROGA 26160 SIN MODIFICACIONES.

Contacto prensa:
  • Ariel Navanquirí – 03460691117 – Coordinador OCASTAFE – ENOTPO
  • Nancy Chocobar – 01189733984 – Delegada Pueblo Tolombón – ENOTPO
  • Roberto Ñancucheo – 02804657071 – Lonqo Mapuce Pewel Kutawe – ENOTPO
  • David Pastrana – 0387 5886761 – Delegado – UPNDS - ENOTPO
Contacto para enviar adhesiones, pronunciamientos, consultas sobre la movilización, actividades u otras:
encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!
¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR!
¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!


Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO

viernes, 22 de septiembre de 2017

¡EXIGIMOS JUICIO Y CARCEL PARA LOS ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR!

                                                         


Territorio Chuschagasta, 22 de septiembre de 2017

Pueblo Nación Diaguita – Valle de Choromoro / Dto. Trancas (Tucumán).

Desde nuestro territorio ancestral nosotros, los Chuschagasta, denunciamos una vez más el avasallamiento y la violencia por parte de los autoproclamados “terratenientes” con la complicidad del gobierno de turno y su brazo represivo.

Hoy en horas de la mañana ingresaron a nuestro territorio personas desconocidas en un vehículo patente GGS-965. Dichas personas estaban en compañía de Maria Sofía Herrera De Amin, madre del ASESINO Darío Luis Amín, quien pretende apropiarse de parte de nuestro territorio con la ambición de explotar una cantera de lajas. 

Esa codicia es la que lo llevó a asesinar a nuestra autoridad comunitaria Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 y a herir de gravedad a los comuneros Delfin Cata, Emilio y Andrés Mamani, acompañado por los sicarios Jose Valdivieso y Humberto Gomez (ambos con participación activa en la última dictadura militar).

Maria Sofía Herrera de Amin y los dos hombres desconocidos, recorrieron distintos puntos de nuestro territorio, anduvieron por las cercanías de la casa del comunero Ismael Chocobar y finalizaron en la cantera.

Al verlos merodeando, nos hicimos presentes comuneros y comuneras de Chuschagasta, entre los que se encontraban parte de la familia de Javier Chocobar. El presidente de nuestra comunidad, Audolio Chocobar (hijo de Javier Chocobar), se presentó con los desconocidos y con la mujer y les informó que estaban en Territorio Ancestral Diaguita, perteneciente a la comunidad Los Chuschagasta y sobre los derechos colectivos vigentes, entre ellos sobre la ley 26160. Además advirtió sobre el malestar de la comunidad por el asesinato impune de nuestra autoridad Javier Chocobar. Ante lo cual la respuesta de Amin fue que están haciendo un relevamiento sobre el agua y que tienen intenciones de realizar un emprendimiento turístico. 

Una vez más la familia Amin ingresa irrespetuosamente a nuestro territorio, deambula impune con el miedo y la angustia que genera en los comuneros, y continúa con la misma ambición de lucrar con nuestro territorio. En este momento nuestras autoridades se encuentran realizando las denuncias pertinentes en la comisaria correspondiente. 

REPUDIAMOS una vez más el accionar impune de la familia Amin que en reiteradas ocasiones viola nuestros derechos colectivos como pueblo preexistente. Asimismo expresamos que todo hecho de violencia que se pueda desencadenar será responsabilidad de la inacción de la justicia tucumana, del estado provincial y nacional que mira para otro lado y no garantiza nuestros derechos como pueblos preexistentes.

Reafirmamos una vez más que no estamos dispuestos a seguir soportando ningún tipo de presión ni burla por parte de estos asesinos. Defenderemos con toda nuestra fuerza nuestro territorio ancestral.

Hoy nos encontramos en Asamblea, alertas y movilizados.

¡EXIGIMOS JUICIO Y CARCEL PARA LOS ASESINOS DE JAVIER CHOCOBAR!

¡NUESTRO TERRITORIO NO ES MERCANCIA!

COMUNIDAD LOS CHUSCHAGASTA (personería jurídica Nº 03 / RENACI – INAI)